Un grupo de abogados y de congresistas presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el nuevo Código de Policía porque "afecta sustancialmente" los derechos a "la manifestación pública y libertad personal".

Los demandantes sostienen en la querella, publicada por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que "hay una afectación injustificada constitucionalmente del derecho de protesta cuando se establece la 'alteración de la convivencia' como causal de disolución de las manifestaciones públicas".

De igual manera, aseguran que el nuevo Código de Policía viola la Constitución cuando en las protestas no se contempla una sanción frente a los "señalamientos infundados" de los funcionarios públicos "contra los manifestantes".

A su vez, destacan que la afectación se presenta también cuando se permite "la intervención de las fuerzas militares" en las manifestaciones, así como con la exigencia de autorización previa para "la realización de reuniones en áreas del Sistema Nacional de Áreas protegidas".

Por otra parte, el colectivo afirmó que los artículos del Código que permiten el "traslado por protección" y "para procedimiento policivo" afectan el derecho a la libertad personal, el principio de legalidad, el debido proceso y "disfraza como medida de protección lo que en realidad es una medida con fines correctivos".

Asimismo, explicó que el documento no precisa cuáles serán los sitios ni el tiempo de reclusión de los menores de edad que comercialicen, distribuyan, tengan almacenen, porten o consuman "sustancias psicoactivas" o "alcohólicas", por lo que no se "garantiza la protección" de sus derechos.

La querella fue presentada por varios congresistas del partido de izquierdas Polo Democrático, entre ellos los senadores Iván Cepeda y Alirio Uribe, así como por el director de la CCJ, Gustavo Gallón, y la presidenta del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Jomary Ortegón, entre otros.

El código, aprobado por el Congreso en junio pasado, y sancionado por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en julio, dota a la Policía con mejores herramientas jurídicas para hacer frente a los grupos armados ilegales que se benefician de la minería ilegal, una actividad que les permite financiar su aparato de guerra y destruye el medio ambiente.

Igualmente prevé que para combatir el robo de celulares, solo podrán comercializarlos quienes tengan autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que los locales que vendan móviles robados serán cerrados.

EFE